Fiscalizaciones

Las actuales autoridades municipales han perdido el rumbo de lo que debería ser una ciudad funcional y al servicio a su gente. La falta de un sistema de transporte digno, el caos vehicular, la escasez de agua en muchas zonas, la falta de tratamiento adecuado de la basura, y los abusos sistemáticos en el cobro de multas —convertidos en un negocio más que en un mecanismo para mantener el orden— son solo algunos de los problemas que afectan diariamente a miles de guatemaltecos.

He sido el primer diputado en fiscalizar de forma seria y constante a la Municipalidad de Guatemala. He acompañado a vecinos en distintas zonas de la ciudad para documentar, visibilizar y dar seguimiento a sus denuncias. Producto de esta labor, he presentado iniciativas de ley orientadas a fortalecer el rol de los concejales municipales, asegurar un control más efectivo sobre las decisiones municipales y limitar el poder excesivo de las autoridades edilicias. También he evidenciado actos de corrupción en las altas esferas de la Municipalidad y he denunciado los abusos de EMETRA, particularmente en la colocación arbitraria de cepos y el cobro de multas “fantasma”. Muchas de estas acciones han sido enfrentadas con resistencia por parte de las autoridades, quienes en más de una ocasión se han negado a asistir a citaciones en el Congreso. Sin embargo, mi compromiso con la transparencia y con los vecinos del Distrito Metropolitano no se detiene. Seguiré fiscalizando, denunciando y trabajando por una ciudad más justa, funcional, ordenada pero sin abusos y transparente para todos.

A pesar del enorme aporte que hacen a Guatemala, el Estado históricamente los ha ignorado. Las quejas son reiteradas: no reciben una atención digna en los consulados, los procesos para obtener pasaportes son lentos, burocráticos y constantemente se enfrentan a la falta de cartillas. Estas deficiencias nos llevaron a fiscalizar directamente al Instituto Guatemalteco de Migración, exigiendo respuestas claras sobre la falta de planificación en la compra de cartillas. En 2022 logramos reducir significativamente las colas en los centros de emisión y desde entonces hemos mantenido un proceso de seguimiento continuo para mejorar la atención, especialmente en los consulados guatemaltecos en Estados Unidos. Citamos constantemente a las autoridades responsables para evaluar los avances y corregir fallas que aún afectan a nuestros connacionales.

Otro punto crítico ha sido el Aeropuerto Internacional La Aurora, principal puerta de entrada y salida del país, que por años ha sido objeto de múltiples denuncias. Los migrantes y ciudadanos en general se preguntan con razón en qué se invierte el dinero que genera el aeropuerto, ya que sus condiciones distan mucho de lo que debería ofrecer una terminal internacional: fallas constantes en el aire acondicionado, gradas eléctricas en mal estado, empresas operando bajo condiciones irregulares, y una administración marcada por la opacidad y la corrupción. Frente a esto, he realizado visitas constantes al aeropuerto para verificar estas deficiencias, fiscalizar directamente a las autoridades y exigir mejoras urgentes. Gracias a este trabajo hemos logrado sacar a empresas abusivas y denunciar irregularidades cometidas por directores que han hecho mal uso de sus funciones. Además, hemos acompañado y respaldado los esfuerzos para iniciar una reconstrucción ordenada del aeropuerto, con el objetivo de brindar una mejor experiencia tanto a guatemaltecos como a extranjeros.

He visitado consulados en Estados Unidos para observar personalmente cómo están atendiendo a nuestros migrantes y he evidenciado el impacto que generan los trámites burocráticos, la falta de citas y, sobre todo, la escasez de cartillas en el Instituto Guatemalteco de Migración. Todo esto ha provocado largas filas, demoras injustificadas y un trato indigno a quienes, con su esfuerzo, mantienen viva la economía del país desde el extranjero. Por eso, seguiré fiscalizando, señalando las fallas y exigiendo resultados. Porque los migrantes merecen respeto, atención y servicios públicos a la altura de su sacrificio.

El Distrito Metropolitano, al que represento, cuenta con más de 900 mil afiliados registrados en el IGSS, quienes dependen directamente de los hospitales ubicados en la ciudad capital. Esto me ha llevado a involucrarme personalmente en casos de jubilaciones atrasadas, citas médicas que se programan con meses de espera, falta de medicamentos, negligencias médicas y, sobre todo, un trato indigno hacia los pacientes. He acompañado a numerosos vecinos para presentar sus denuncias, enfrentar trámites engorrosos y exigir respuestas a un sistema que, lamentablemente, aún está lejos de cumplir su función con eficiencia y humanidad.

Desde mi primera legislatura, he enfocado buena parte de mi trabajo en dar la cara por los afiliados. He citado a las autoridades del IGSS para que respondan por los constantes reclamos ciudadanos y he visitado instalaciones del Instituto a nivel nacional para verificar personalmente las condiciones en que se encuentra la red hospitalaria y administrativa. En este recorrido hemos identificado serias falencias estructurales, corrupción interna y una necesidad urgente de reformas profundas. La seguridad social debe ser una herramienta de dignidad para los trabajadores y sus familias. Por eso, desde la Comisión de Previsión Social, impulsamos y acompañamos iniciativas de ley que busquen mejorar la atención, garantizar el abastecimiento de medicamentos, asegurar una jubilación digna y establecer mecanismos de fiscalización más rigurosos dentro del IGSS. No se trata solo de señalar errores, sino de transformar el sistema para que cumpla verdaderamente con su función. Asumir por segundo año consecutivo la presidencia de esta comisión representa un voto de confianza por parte del Congreso, pero sobre todo una oportunidad para seguir luchando por los derechos de los afiliados y por una seguridad social que funcione con transparencia, eficiencia y sentido humano.

Esta situación me impulsó a profundizar en el análisis de cómo funciona el sistema de regulación en nuestro país. Lo que descubrí fue alarmante: un sistema corrupto y deficiente que opera en el Departamento de Regulación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el cual impide que muchos medicamentos accesibles y de calidad lleguen a la población.

Desde mi posición, he trabajado arduamente para describir y evidenciar la corrupción dentro de este sistema, que afecta a millones de guatemaltecos al mantener los precios de los medicamentos elevados y fuera del alcance de las familias más vulnerables. Estoy convencido de que, si logramos facilitar el ingreso de medicamentos tanto nacionales como extranjeros, garantizando su calidad a través de un sistema de farmacovigilancia proactiva y robusta, podremos brindar acceso a medicinas de calidad y a precios más justos para todos. A todos los guatemaltecos nos conviene tener acceso a medicamentos de alta calidad y a precios accesibles, y es por ello que continuaré trabajando para que el sistema de salud sea transparente, eficiente y, lo más importante, que funcione para el bienestar de la gente y no para los intereses de unos pocos.

Uno de los aspectos en los que he enfocado mis esfuerzos es en la fiscalización de los remozamientos y la construcción de escuelas públicas, así como en los proyectos que han quedado inconclusos. He presionado para que estas obras se finalicen y que, finalmente, nuestros estudiantes cuenten con instalaciones dignas que favorezcan su desarrollo académico y personal. Asimismo, he supervisado el correcto funcionamiento del programa de Refacción Escolar, ya que es fundamental que los estudiantes reciban sus alimentos de manera puntual y en condiciones adecuadas.

Una de mis mayores preocupaciones ha sido la falta de docentes en diversas escuelas del país, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables. Como representante del Distrito Central y miembro de la Comisión de Educación del Congreso, he fiscalizado la contratación de personal docente y he presionado a las autoridades para que cubran la alta demanda existente, garantizando que los estudiantes reciban una educación de calidad y no se vean afectados por la escasez de maestros. Además de estas acciones, he acompañado a los docentes en la resolución de problemáticas que afectan su labor diaria, como la falta de pago por suspensiones y los problemas de atención en el IGSS. Los maestros son una parte fundamental del sistema educativo, y su bienestar debe ser prioridad para las autoridades.

Mi compromiso con la educación continúa siendo firme, porque estoy convencido de que invertir en una educación de calidad es la mejor manera de garantizar un futuro próspero para nuestra nación.